La violencia de género: una pandemia mundial según la ONU
Sabemos de sobra que la violencia SÍ tiene género. Esto fue demostrado hace más de tres décadas por la investigación académica, no se trata de una afirmación demagógica, es una realidad que queda respaldada por indicadores de diversa índole que sitúan a la mujer en un escenario de discriminación laboral, pobreza económica y exclusión social. Hablamos de que la ONU considera la violencia de género como una pandemia mundial.
Este debate ya tuvo su fin cuando en 1995 durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing se definió por primera vez el término de violencia contra la mujer como “violencia de género” recalcando el mantenimiento de las desigualdades debido a los roles y estereotipos de género, y actitudes discriminatorias tradicionales establecidos, y se puso el foco en la responsabilidad de los gobiernos y en la adopción de medidas para erradicar la violencia de género desvinculándola por completo de la vida privada y convirtiéndola en un asunto público y social.
No podemos permitir que este concepto vuelva a ser cuestionado, no podemos permitir que sea SILENCIADO. No podemos volver a hablar de violencia intrafamiliar o violencia doméstica porque ello significa la imposibilidad de conocer la identidad del sujeto agresor.
¿Saben cómo se concienció la sociedad española de que la violencia de género es una pandemia que necesita ser erradicada?
El 4 de diciembre de 1997 una mujer granadina apareció en un programa de Canal Sur en el que se abría un espacio para que las personas contaran sus experiencias vitales. Ana Orantes comenzó su testimonio silenciando y generando una tensión que se palpaba en el ambiente de todo el plató y las casas de las personas que estaban escuchándola contar en directo los 40 años de maltrato que había sufrido a manos de su marido. Hacía un año que había denunciado el maltrato a la policía y se había divorciado, pero en el proceso de divorcio se le había asignado la planta de arriba del domicilio familiar y a su ex marido la planta de abajo. Dos semanas después de que toda España viviera el testimonio de Ana, su ex marido la ató a una silla del jardín, la roció con gasolina y la quemó viva delante de su hijo de 14 años.
Tuvo que ocurrir esta tragedia en la que Ana puso voz a todas las mujeres que sufrían violencia de género para que las instituciones pusieran en marcha el desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género que sería aprobada en 2004 con la consecuente reforma del Código Penal.
La oposición de algunos partidos políticos
A partir de este momento con motivo del Día Mundial contra la Violencia de Género (25 de noviembre), también se comenzaron a realizar, con carácter anual declaraciones contra la violencia machista en las Instituciones, hasta que el pasado 23 de noviembre nos sorprendieron a todos y a todas con la noticia de que en distintas instituciones como la Asamblea de Madrid, el Parlamento de Madrid, los Ayuntamientos de Córdoba, Sevilla, Granada y Jaén y las Cortes Valencianas no se realizará dicha Declaración contra la Violencia de Género debido a la oposición de Vox. Este mismo partido pretende frenar en Murcia la lectura de un manifiesto en la Asamblea Regional, y en Andalucía ha conseguido incluir el término violencia intrafamiliar en los presupuestos autonómicos.
Esto es Violencia de Género Institucional y aún no está recogida en la legislación española. El Estado Democrático y en consecuencia, todas las instituciones que lo conforman deben prevenir, reparar y atender el daño que produce la violencia de género.
En las últimas semanas de caos social y mediático debido al ascenso de Vox, se han realizado de forma pública y con total impunidad ataques a los derechos humanos de mujeres y menores de edad migrantes. Son los medios de comunicación los que han dado voz y espacio a estas personas.
Llegados a este punto nos preguntaremos ¿qué ocurre cuando es un organismo público el que atenta contra la integridad de colectivos en riesgo? ¿Se puede denunciar a un parlamento? ¿A una institución?
Sí, la Unión Europea recoge la Igualdad de Género como uno de sus principios fundamentales y como tal es fuente de Derecho, tiene base jurídica en el TJUE, dando como resultado varias Directivas que también lo son. El DUE tiene una relación respecto al Derecho español (y por ende de las CCAA) de supremacía. Con base en esta supremacía, que viene avalada por los Tratados de la UE (ratificados por cualquier Estado Miembro), la Comisión puede emprender acciones judiciales contra los Estados Miembros que no aplican el Derecho de la Unión. En este sentido, Estados Miembros de la Unión Europea han sido sancionados en diversas ocasiones por incumplimiento de este derecho.
No obstante, debemos ser precavidas. Apelar a la Unión Europea o a Instituciones Internacionales como protectores universales sería un error. Ya hemos visto en repetidas ocasiones como España ha sido sancionada por incumplir directivas europeas y aun así, ha seguido vulnerándolas. En este sentido no es necesario el incumplimiento de la normativa y sus consecuentes sanciones para frenar la eficacia de medidas públicas en causas como la erradicación de la violencia de género, es conocido que la simple eliminación de dotación presupuestaria es suficiente para dañar años de avances y crecimiento en la materia.
¿Qué podemos hacer para actuar ante la violencia de género institucional?
Debemos informarnos, leer, estar al día de los pasos que da y las medidas que pretende frenar, o en caso contrario, imponer el sector más radical de la ultraderecha. Hacernos personas dueñas y conocedoras de nuestra propia realidad. Ya Rocío Monasterio ha sido denunciada por atentar contra menores migrantes y cometer un delito de odio. Sabemos que esto es una opción, acometer legalmente, buscar sanciones, impedir la impunidad y frenar la deseabilidad social de posturas de esta calaña.
No obstante, también sabemos que la política y la justicia pueden llegar a ser patriarcales, dejar este tipo de asuntos en manos de las mismas instituciones que como veníamos comentando, también nos atacan, no debe ser nuestra única opción.
Como personas individuales que forman parte de una sociedad diversa los movimientos y las iniciativas sociales también suman, y mucho.
Ayer, en el acto que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Madrid con motivo del 25N después de que se permitiera a Ortega Smith leer su propio manifiesto en el que cuestionaba la existencia de la violencia de género sin mencionar a una sola de las víctimas que se ha cobrado, y ante una audiencia llena de mujeres, trabajadoras que atienden a víctimas y personas representantes de todos los partidos políticos, Nadia Otmani, presidenta de la asociación de mujeres Al Amal, con una discapacidad que es sobrevenida como consecuencia de dos balazos que recibió del marido de su hermana y superviviente de violencia machista, rompía a llorar y exigía respeto ante las víctimas y las personas que llevan años luchando contra esta lacra social. Mientras tanto, en la puerta del Ayuntamiento y como respuesta, gracias a la iniciativa llevada a cabo por Yolanda Rodríguez más de medio millar de personas realizaban una performance en la que se portaban los nombres, la edad y la localidad de las muertas por violencia de género contabilizadas desde el año 2003.
Hoy es el Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres y en España hay políticos que se niegan a nombrarla. Por eso hemos venido a la puerta del Ayuntamiento a recordarles los nombres de las 1.027 mujeres asesinadas por esa misma causa #1027Nombres (hoy 1.028) #25N pic.twitter.com/BIkaJRsMpq
— Yolanda Domínguez (@yodominguez) November 25, 2019